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USO lamenta el asesinato de una educadora en un piso de menores de cumplimiento de medidas judiciales ocurrido en el día de ayer en Badajoz

El sindicato USO traslada sus más sinceras condolencias a la familia, amistades y compañeras y compañeros de la víctima, y nos solidarizamos con el dolor de toda la comunidad educativa y social que trabaja en estos centros.

Este trágico suceso pone de manifiesto, una vez más, la urgente necesidad de garantizar la seguridad de quienes desempeñan su labor en los centros de menores, enfrentándose a situaciones de alto riesgo sin las medidas de protección adecuadas. Desde USO consideramos que existe un grave problema en la gestión de los centros destinados a cumplir medidas judiciales de menores y de protección ya que, durante los últimos meses, se han producido agresiones a las y los profesionales que prestan sus servicios en estos espacios.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de un cambio de modelo de prestación del servicio. Las Administraciones deben asumir su responsabilidad y garantizar condiciones laborales seguras y dignas para el personal que trabaja en los centros de menores, para que no se vuelvan a repetir sucesos como el de Badajoz.

Desde USO reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos y la seguridad de quienes trabajan en este sector y exigimos el estricto cumplimiento de la normativa vigente para velar por la integridad de las personas empleadas en los centros.

USO-Extremadura solicita la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud de Servicios Sociales

Ante la gravedad de los hechos, USO-Extremadura ha solicitado la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud de Servicios Sociales para abordar esta problemática y exigir soluciones inmediatas que garanticen un entorno seguro para los profesionales del sector. Asimismo, se ha solicitado a los colegios profesionales del tercer sector y al resto de sindicatos, la constitución de una plataforma común de actuaciones, para poder llevar a cabo acciones conjuntas en materia de prevención, así como manifestaciones y movilizaciones.

La protección de quienes trabajan en los centros de menores no puede seguir siendo una asignatura pendiente. Exigimos que se adopten protocolos de seguridad adecuados, se refuercen los recursos humanos y materiales y se garantice un entorno laboral seguro para evitar que tragedias como ésta vuelvan a repetirse.

Desde USO seguiremos luchando por la seguridad y los derechos de todas y todos los profesionales del sector, denunciando cualquier situación de riesgo. El trágico suceso de ayer se podría haber evitado si, desde la Junta de Extremadura, se hubiesen puesto las medidas necesarias tras las diferentes denuncias que personas trabajadoras de ese centro habían presentado contra los supuestos agresores. Estas denuncias pasaron desapercibidas en la Junta de Extremadura y, ahora, solo hay lugar para el lamento, porque no hicieron nada cuando tenían que hacerlo.

Por todo ello, desde USO instamos a las Administraciones públicas a que se reconozca a las personas trabajadoras de los centros de menores como figura de autoridad pública. Este reconocimiento supondría una mayor protección legal ante agresiones y amenazas, garantizando una mayor protección legal. De esta forma, cualquier agresión se consideraría atentado contra la autoridad (artículo 550 del Código Penal) lo que conlleva una agravación respecto de la pena.

Porque el trabajo no nos puede seguir costando la vida, ni una muerte más en el trabajo.